En el transcurso del año 2013 se elegirán legisladores nacionales, provinciales y concejales. Esta situación pone a la UCR ante la imperativa demanda del pueblo argentino: construir la alternativa política al populismo gobernante para garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.
Ante semejante desafío, no cabe la resignación porque seria admitir la creencia de que nuestro país sólo puede ser gobernado por el populismo. El movimientismo amorfo que lo caracteriza ha permitido y permite que coexistan en su seno sectores sociales e identidades políticas que se repelen y combaten, con el agravante de que muchas veces lo hacen utilizando al estado como rehén, tanto en el orden nacional como provincial y municipal.
En las últimas décadas esta característica se ha acentuado notablemente. Así, durante el tiempo que gobernó Carlos Menem, la Argentina aplicó un modelo conservador y neoliberal que adoptó las políticas recomendadas por el Consenso de Washington. Las consecuencias fueron que la necesaria Reforma del Estado se convirtió en sinónimo de simples privatizaciones de las empresas nacionales con altos niveles de corrupción y que aumentó de manera inédita la marginalidad y la pobreza hasta consolidar en nuestro país el fenómeno de la exclusión social.
Todo esto llevó a la degradación de la política como actividad arrastrando hacia el desprestigio a los principales dirigentes y Partidos. Además, produjo la pérdida de capacidad para actuar con autonomía en un mundo crecientemente globalizado.
El kirchnerismo, pretendió y pretende presentarse como el reverso de la moneda del menemismo y como el gran recuperador de la política y el estado. Para ello ha desarrollado y desarrolla un relato con ribetes épicos partiendo de temas que producen una extrema sensibilidad. Tal es el caso del abordaje de la política de defensa de los derechos humanos, acerca de la cual han llegado a inventar una historia que no protagonizaron, y lo que es aun peor, pretendieron desconocer el valiente esfuerzo realizado por el primer gobierno de la transición democrática encabezado por Raúl Alfonsín y el Radicalismo.
Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, han impulsado un “capitalismo de amigos” al cual denominan modelo, incorporando capitales de los allegados al poder en las principales empresas del estado con el objetivo de constituir un proyecto político hegemónico.
Ambos, desaprovecharon la extraordinaria coyuntura económica internacional favorable para nuestro país y la región y la posibilidad de producir un salto cualitativo desde el mero crecimiento hacia el desarrollo sostenido y sustentable. Razón por la cual, todavía padecemos serios condicionamientos en infraestructura como energía y transporte al haberse priorizado el clientelismo político a través de la utilización de subsidios y prebendas.
El denominador común del populismo en cualquiera de sus versiones, es la bajísima calidad institucional, cuyo hecho más saliente es la falta de independencia de la justicia para impedir el juzgamiento de graves actos de corrupción que afectan al poder. De esta forma consagraron la impunidad en la Argentina.
El kirchnerismo hizo suya la filosofía política de dividir la sociedad entre “amigos y enemigos”, “buenos y malos”, siguiendo la lógica de los regímenes autoritarios y hegemónicos, tan distante del respeto al pluralismo, la práctica de la tolerancia y la convivencia que caracteriza a las sociedades democráticas.
El poder del populismo parece inconmovible, y lo será, si no somos capaces de enfrentar el desafío con grandeza, generosidad, amplitud, coherencia y sobre todo guiados por objetivos claros que formulen propuestas y proyectos superadores y devuelvan la confianza y credibilidad de la sociedad argentina en la Unión Cívica Radical.
El Radicalismo es una fuerza política de dimensión nacional, dotado de estructura partidaria y extensión territorial capaz de convertirse en el imán de atracción de otras fuerzas políticas sociales y afines para construir la alternativa al populismo hegemónico y garantizar las reglas de oro del sistema democrático: el equilibrio y control del poder y la alternancia en el ejercicio del mismo.
Es tan desaconsejable el mero amontonamiento sin identidad con el mezquino objetivo de superar una coyuntura electoral, como el sectarismo, que en las actuales circunstancias constituye un pecado de soberbia y una visión infantil de la política.
La construcción política no puede responder a la táctica oportunista de un momento, debe guardar coherencia con las mejores tradiciones y el ejemplo que nos legaron nuestros próceres, por ello debe tener una proyección estratégica que perdure en el tiempo para que el pueblo argentino la haga suya y la utilice como herramienta del cambio necesario.
Animados por este espíritu proponemos:
a) Iniciar el diálogo con los sectores políticos y sociales afines, que en su accionar hayan demostrado una práctica progresista y se identifiquen con el proyecto de instaurar en nuestro país una socialdemocracia moderna capaz de asegurar la libertad, democracia, justicia e igualdad de oportunidades.
b) Respetar en la construcción los principios de legalidad y democracia cumpliendo y haciendo cumplir la ley vigente de elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Esto permitirá promover el debate más amplio, participativo y democrático en la sociedad argentina, y a su vez otorgará los espacios de poder conforme haya sido la voluntad del pueblo libremente expresada.
c) Instruir a los miembros de la mesa del Comité de la Provincia de Buenos Aires para que lleven adelante este cometido e informen al Plenario del citado cuerpo.
lunes, 25 de febrero de 2013
LA ALTERNATIVA QUE HACE FALTA
En el 2013. Año del 30º aniversario de la recuperación de la democracia
Creo que llegó la hora de dirigir una reflexión a los militantes de mi partido y de otras fuerzas políticas y sociales tratando de explicitar mi mirada sobre la realidad argentina y qué es lo que pienso sobre el desenvolvimiento del proceso económico, social y político de esta etapa del país.
A muchos de Uds., como a mi, les habrá pasado recoger en la calle la opinión de infinidad de gente que dice "falta oposición". Lo curioso es que lo sostienen tanto los que se oponen tenazmente al gobierno como aquellos que lo apoyan casi incondicionalmente. Yo no comparto ese punto de vista. Por el contrario, creo que sobra oposición, de todo tipo y pelaje. Es más, la oposición tuvo tanta importancia que hasta ganó una elección, en la que cayó derrotado el propio Néstor Kirchner. Por lo tanto, no falta oposición. Lo que en realidad no existe es LA ALTERNATIVA QUE HACE FALTA. ¿Y cuál es esa alternativa? En primer lugar, tiene que ser seria, responsable, constructiva y con un profundo sentido patriótico. Pero este enunciado sería retórica hueca sino le damos un contenido más preciso. La democracia desde que fue recuperada en el ´83 tuvo avances y retrocesos pero, en líneas generales, fue ampliando derechos y ganando espacios para los sectores populares, los intereses nacionales y las concepciones democráticas. Podríamos mencionar innumerables ejemplos que respaldan esta afirmación pero, por cierto, esta marcha -como no podía ser de otra forma- no sólo fue dificultosa sino que no estuvo, ni estará, exenta de tensiones. Esto es inevitable si compartimos con Raúl Alfonsín su aseveración cuando en su libro Fundamentos de una República Democrática sostiene: “La democracia está siempre vinculada a la pretensión de lograr la transformación del poder entendido como forma de dominación". En este marco conceptual digo que, en esta coyuntura – pero mirando hacia el futuro -, si queremos construir un proyecto de poder no podemos confundirnos estratégica ni tácticamente. En primer lugar, hay que decir que no debemos cometer el mismo error que cometió el peronismo en la primera etapa del gobierno de Alfonsín cuando arremetió contra su gestión sin tomar en cuenta el telón de fondo que precedía a ese gobierno. Durante años estuvieron perdidos en la neblina, sin iniciativa y sin influencia en los sectores juveniles. Sentían que les habíamos robado las banderas. Tuvo que aparecer la renovación peronista para que empezaran a remontar la cuesta. Algo parecido nos pasa hoy a nosotros, precisamente, porque no asumimos que la experiencia que se inició en el 2003 tiene, en este caso, como telón de fondo la década del ´90. ¿Esto significa que el gobierno hizo todo bien? De ninguna manera. Pero sí conlleva la necesidad de reconocer que en algunos temas se avanzó como también ocurrió en el gobierno de Raúl Alfonsín, un reconocimiento que recién ahora hace el oficialismo. ¿Cuáles son esos avances? La renovación de la Corte , el canje de deuda, el rechazo al ALCA, la estatización de las AFJP, la expansión del consumo, la puesta en práctica de la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de derechos civiles y, lo más importante, la autonomía del Estado en la toma de decisiones –acertadas o no- respecto a la influencia de las corporaciones, pueden ser algunas de las enumeraciones que no son incompatibles con nuestra manera de pensar. Ahora bien: ¿Esos aciertos dejan de lado los problemas que subsisten en la sociedad argentina? Definitivamente, NO. Hay que ordenar y sistematizar la gestión del Estado si no se quieren dañar los fundamentos de esta política que se inauguró en el 2003 y que, si fracasa, abrirá el camino a una restauración cultural de los valores del neoliberalismo. Hoy la economía está afectada por una pérdida de competitividad que amenaza con hacernos retroceder. Es imprescindible que se aborde el problema de la inflación –reconociéndola, atacándola y disminuyéndola- precisamente, para no caer en la fatalidad de bruscas devaluaciones o el retorno al endeudamiento externo. El costo de reconocer la inflación sería rápidamente compensado por la aparición de inversiones que son necesarias para recuperar el ritmo de consumo y crecimiento de los últimos años. Otra cuestión que requiere inmediata atención es el tema de la educación. Ya lo hemos dicho: Mayores recursos en educación no aseguran mejores resultados. La escuela pública decae, la deserción es alta y la calidad de la enseñanza se deteriora. Afirmamos que en esta materia el gobierno no ha puesto la atención necesaria y no aborda la resolución estructural del problema porque es un tema de largo plazo y parece preferir atender (como en algunas otras cuestiones) el corto plazo. Mientras tanto, muchos de los que se dicen opositores tampoco la ponen al tope de la agenda, porque creen que ser "mejores" opositores es una carrera entre quienes más insultan o descalifican (sobretodo si se trata de hacerlo en twitter, facebook o en algún medio siempre ansioso por transformar la diatriba en un título). Este es un ejemplo de que no siempre la inclusión trae igualdad. En materia de igualdad hay que decir que sino se producen cambios estructurales, corremos el riesgo de sostener una pobreza con contención pero sin futuro de ascenso social. Y aquí vale la pena agregar que la inseguridad encuentra su principal causa, precisamente, en profundas desigualdades sociales.
Tampoco el gobierno atendió una política integral de transporte, tanto de pasajeros como de carga, con el impacto que esto tiene en la calidad de vida de la gente como en los costos de producción. Esta es la fotografía de la realidad mirada con los dos ojos y no tapándose uno de ellos. Por eso, nosotros dijimos, en más de una oportunidad: Queremos hablarle a cientos de miles de jóvenes que no pueden conseguir su primer empleo pero también queremos hacerlo con los millones de argentinos que se reinsertaron en el mercado laboral. Queremos ser la voz de los jubilados que con la mínima reclaman el 82 por ciento pero también la de más de 2 millones de compatriotas que engrosaron las filas de la Seguridad Social cuando ya no tenían esperanza de acceder a una jubilación. Por esa razón nuestro mensaje no va a una parte sino a todos los argentinos. Lo sintetizamos de esta manera: no queremos hacer antikirchnerismo, queremos hacer radicalismo. Mucho menos aún queremos contribuir a profundizar la fractura social y política de la Argentina porque de ese quiebre siempre sale victoriosa la derecha. Pero no debemos comprenderlo sólo nosotros, también debe entenderlo y asumirlo el gobierno. Los trabajadores, los industriales, los sectores que ascendieron a las capas medias, los movimientos sociales y los jóvenes que se sumaron al proyecto iniciado en el 2003, se seguirán moviendo en un cuadrante popular y progresista pero no girarán hacia una opción de centroderecha que provenga tanto desde adentro como desde afuera del peronismo. Por eso constituye un grueso error estratégico y táctico de la conducción del radicalismo sumarse a un discurso de derecha que sólo engorda a candidatos y opciones que cabalgan en el resentimiento político o en una especie de gorilismo social. Dejar afuera de nuestro mensaje a los sectores más dinámicos y con más aspiraciones de cambio es renunciar al papel de transformar las condiciones sociales de los argentinos y, además, resignarnos a no tener un proyecto de poder fuerte y competitivo. Y nosotros no estamos para resignarnos. Tenemos los ejemplos de Yrigoyen y, el más reciente, el de Raúl Alfonsín para demostrar que el radicalismo se hizo grande cuando salió de la baldosa partidaria y fue al encuentro de las mayorías populares. Pero para esto hace falta dejar de lado los prejuicios, las antinomias y tener capacidad anticipatoria. Siempre recuerdo cuando Alfonsín, en ocasión de la renuncia de Héctor Cámpora aseguró: "Esto es un golpe de la derecha". Fue casi una herejía para la mayoría de la dirigencia política de la época, incluyendo a muchísimos radicales. Todos tenemos presente cuando arrancó la campaña del `83 convocando a que acompañaran su marcha "los que vienen con la divisa de Perón y Evita" causando, al principio, el escozor de los que no habían podido superar la etapa de las antinomias. No era el caso de nuestra generación a la que le tocó enterrar esa antinomia. Por eso ahora estamos en condiciones de construir LA ALTERNATIVA QUE HACE FALTA desde una inspiración nacional, popular, progresista y democrática de sus actores, entre los que nos contamos, sin duda, por nuestra pertenencia radical. Pero no a cualquier radicalismo, sino al de Yrigoyen, Illia y Raúl Alfonsín. Queremos convocar -como lo dijimos más de una vez- a los jóvenes, a los emprendedores, a los trabajadores, a los industriales, a los que se sienten parte de un espacio progresista y popular. En síntesis, pretendemos demostrar que HAY OTRA OPOSICIÓN. Que no insulta ni descalifica sino que propone. Que no grita porque escucha. Que no es un rejunte porque tiene un proyecto de país. Que es firme porque tiene ideas claras. Que no convoca, una y otra vez, a la frustración porque construye con vocación de mayoría. Este es mi pensamiento. Lo expongo con la tranquilidad de mi trayectoria. Los que no coincidan con nosotros serán bien recibidos para compartir el análisis. Los que quieran diferenciarse desde la descalificación, la mala fe, el insulto y la estigmatización, que se abstengan, porque no serán ni tomados en cuenta. Porque lo que queda por hacer es demasiado importante como para someterlo a la mediocridad.
Leopoldo Moreau
Creo que llegó la hora de dirigir una reflexión a los militantes de mi partido y de otras fuerzas políticas y sociales tratando de explicitar mi mirada sobre la realidad argentina y qué es lo que pienso sobre el desenvolvimiento del proceso económico, social y político de esta etapa del país.
A muchos de Uds., como a mi, les habrá pasado recoger en la calle la opinión de infinidad de gente que dice "falta oposición". Lo curioso es que lo sostienen tanto los que se oponen tenazmente al gobierno como aquellos que lo apoyan casi incondicionalmente. Yo no comparto ese punto de vista. Por el contrario, creo que sobra oposición, de todo tipo y pelaje. Es más, la oposición tuvo tanta importancia que hasta ganó una elección, en la que cayó derrotado el propio Néstor Kirchner. Por lo tanto, no falta oposición. Lo que en realidad no existe es LA ALTERNATIVA QUE HACE FALTA. ¿Y cuál es esa alternativa? En primer lugar, tiene que ser seria, responsable, constructiva y con un profundo sentido patriótico. Pero este enunciado sería retórica hueca sino le damos un contenido más preciso. La democracia desde que fue recuperada en el ´83 tuvo avances y retrocesos pero, en líneas generales, fue ampliando derechos y ganando espacios para los sectores populares, los intereses nacionales y las concepciones democráticas. Podríamos mencionar innumerables ejemplos que respaldan esta afirmación pero, por cierto, esta marcha -como no podía ser de otra forma- no sólo fue dificultosa sino que no estuvo, ni estará, exenta de tensiones. Esto es inevitable si compartimos con Raúl Alfonsín su aseveración cuando en su libro Fundamentos de una República Democrática sostiene: “La democracia está siempre vinculada a la pretensión de lograr la transformación del poder entendido como forma de dominación". En este marco conceptual digo que, en esta coyuntura – pero mirando hacia el futuro -, si queremos construir un proyecto de poder no podemos confundirnos estratégica ni tácticamente. En primer lugar, hay que decir que no debemos cometer el mismo error que cometió el peronismo en la primera etapa del gobierno de Alfonsín cuando arremetió contra su gestión sin tomar en cuenta el telón de fondo que precedía a ese gobierno. Durante años estuvieron perdidos en la neblina, sin iniciativa y sin influencia en los sectores juveniles. Sentían que les habíamos robado las banderas. Tuvo que aparecer la renovación peronista para que empezaran a remontar la cuesta. Algo parecido nos pasa hoy a nosotros, precisamente, porque no asumimos que la experiencia que se inició en el 2003 tiene, en este caso, como telón de fondo la década del ´90. ¿Esto significa que el gobierno hizo todo bien? De ninguna manera. Pero sí conlleva la necesidad de reconocer que en algunos temas se avanzó como también ocurrió en el gobierno de Raúl Alfonsín, un reconocimiento que recién ahora hace el oficialismo. ¿Cuáles son esos avances? La renovación de la Corte , el canje de deuda, el rechazo al ALCA, la estatización de las AFJP, la expansión del consumo, la puesta en práctica de la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de derechos civiles y, lo más importante, la autonomía del Estado en la toma de decisiones –acertadas o no- respecto a la influencia de las corporaciones, pueden ser algunas de las enumeraciones que no son incompatibles con nuestra manera de pensar. Ahora bien: ¿Esos aciertos dejan de lado los problemas que subsisten en la sociedad argentina? Definitivamente, NO. Hay que ordenar y sistematizar la gestión del Estado si no se quieren dañar los fundamentos de esta política que se inauguró en el 2003 y que, si fracasa, abrirá el camino a una restauración cultural de los valores del neoliberalismo. Hoy la economía está afectada por una pérdida de competitividad que amenaza con hacernos retroceder. Es imprescindible que se aborde el problema de la inflación –reconociéndola, atacándola y disminuyéndola- precisamente, para no caer en la fatalidad de bruscas devaluaciones o el retorno al endeudamiento externo. El costo de reconocer la inflación sería rápidamente compensado por la aparición de inversiones que son necesarias para recuperar el ritmo de consumo y crecimiento de los últimos años. Otra cuestión que requiere inmediata atención es el tema de la educación. Ya lo hemos dicho: Mayores recursos en educación no aseguran mejores resultados. La escuela pública decae, la deserción es alta y la calidad de la enseñanza se deteriora. Afirmamos que en esta materia el gobierno no ha puesto la atención necesaria y no aborda la resolución estructural del problema porque es un tema de largo plazo y parece preferir atender (como en algunas otras cuestiones) el corto plazo. Mientras tanto, muchos de los que se dicen opositores tampoco la ponen al tope de la agenda, porque creen que ser "mejores" opositores es una carrera entre quienes más insultan o descalifican (sobretodo si se trata de hacerlo en twitter, facebook o en algún medio siempre ansioso por transformar la diatriba en un título). Este es un ejemplo de que no siempre la inclusión trae igualdad. En materia de igualdad hay que decir que sino se producen cambios estructurales, corremos el riesgo de sostener una pobreza con contención pero sin futuro de ascenso social. Y aquí vale la pena agregar que la inseguridad encuentra su principal causa, precisamente, en profundas desigualdades sociales.
Tampoco el gobierno atendió una política integral de transporte, tanto de pasajeros como de carga, con el impacto que esto tiene en la calidad de vida de la gente como en los costos de producción. Esta es la fotografía de la realidad mirada con los dos ojos y no tapándose uno de ellos. Por eso, nosotros dijimos, en más de una oportunidad: Queremos hablarle a cientos de miles de jóvenes que no pueden conseguir su primer empleo pero también queremos hacerlo con los millones de argentinos que se reinsertaron en el mercado laboral. Queremos ser la voz de los jubilados que con la mínima reclaman el 82 por ciento pero también la de más de 2 millones de compatriotas que engrosaron las filas de la Seguridad Social cuando ya no tenían esperanza de acceder a una jubilación. Por esa razón nuestro mensaje no va a una parte sino a todos los argentinos. Lo sintetizamos de esta manera: no queremos hacer antikirchnerismo, queremos hacer radicalismo. Mucho menos aún queremos contribuir a profundizar la fractura social y política de la Argentina porque de ese quiebre siempre sale victoriosa la derecha. Pero no debemos comprenderlo sólo nosotros, también debe entenderlo y asumirlo el gobierno. Los trabajadores, los industriales, los sectores que ascendieron a las capas medias, los movimientos sociales y los jóvenes que se sumaron al proyecto iniciado en el 2003, se seguirán moviendo en un cuadrante popular y progresista pero no girarán hacia una opción de centroderecha que provenga tanto desde adentro como desde afuera del peronismo. Por eso constituye un grueso error estratégico y táctico de la conducción del radicalismo sumarse a un discurso de derecha que sólo engorda a candidatos y opciones que cabalgan en el resentimiento político o en una especie de gorilismo social. Dejar afuera de nuestro mensaje a los sectores más dinámicos y con más aspiraciones de cambio es renunciar al papel de transformar las condiciones sociales de los argentinos y, además, resignarnos a no tener un proyecto de poder fuerte y competitivo. Y nosotros no estamos para resignarnos. Tenemos los ejemplos de Yrigoyen y, el más reciente, el de Raúl Alfonsín para demostrar que el radicalismo se hizo grande cuando salió de la baldosa partidaria y fue al encuentro de las mayorías populares. Pero para esto hace falta dejar de lado los prejuicios, las antinomias y tener capacidad anticipatoria. Siempre recuerdo cuando Alfonsín, en ocasión de la renuncia de Héctor Cámpora aseguró: "Esto es un golpe de la derecha". Fue casi una herejía para la mayoría de la dirigencia política de la época, incluyendo a muchísimos radicales. Todos tenemos presente cuando arrancó la campaña del `83 convocando a que acompañaran su marcha "los que vienen con la divisa de Perón y Evita" causando, al principio, el escozor de los que no habían podido superar la etapa de las antinomias. No era el caso de nuestra generación a la que le tocó enterrar esa antinomia. Por eso ahora estamos en condiciones de construir LA ALTERNATIVA QUE HACE FALTA desde una inspiración nacional, popular, progresista y democrática de sus actores, entre los que nos contamos, sin duda, por nuestra pertenencia radical. Pero no a cualquier radicalismo, sino al de Yrigoyen, Illia y Raúl Alfonsín. Queremos convocar -como lo dijimos más de una vez- a los jóvenes, a los emprendedores, a los trabajadores, a los industriales, a los que se sienten parte de un espacio progresista y popular. En síntesis, pretendemos demostrar que HAY OTRA OPOSICIÓN. Que no insulta ni descalifica sino que propone. Que no grita porque escucha. Que no es un rejunte porque tiene un proyecto de país. Que es firme porque tiene ideas claras. Que no convoca, una y otra vez, a la frustración porque construye con vocación de mayoría. Este es mi pensamiento. Lo expongo con la tranquilidad de mi trayectoria. Los que no coincidan con nosotros serán bien recibidos para compartir el análisis. Los que quieran diferenciarse desde la descalificación, la mala fe, el insulto y la estigmatización, que se abstengan, porque no serán ni tomados en cuenta. Porque lo que queda por hacer es demasiado importante como para someterlo a la mediocridad.
Leopoldo Moreau
Chicos sin documentos, la otra exclusión
POR JORGE ALVAREZ. DIRECTOR DEL INSTITUTO ABIERTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL (IADEPP)
Hay una Argentina que no ha sido beneficiaria de las políticas de inclusión y sigue siendo invisible.
Es la Argentina integrada por 168 mil niños argentinos indocumentados que han sido cuantificados en el informe “Indocumentados, la cara invisible de la pobreza” realizado en forma conjunta entre el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y Instituto Abierto para el Desarrollo Social (IADEPP).
Indocumentados son aquellas personas que no fueron inscriptas por sus padres al nacer. Por ende carecen de una partida de nacimiento y de un número de DNI.
Por decirlo con toda claridad, son invisibles a las estadísticas o los censos que realiza el Estado. Excluidos, dentro de los excluidos.
Estructuralmente se trata de familias sin ingreso estable, con condiciones de precariedad habitacional, con mayor propensión en hogares monoparentales a cargo de mujeres, así como hogares con gran cantidad de niños y familias extendidas. Para dimensionar y cuantificar la magnitud de esta problemática deberíamos sumar a la población de las ciudades bonaerenses del Partido de la Costa y Olavarría.
“Indocumentados, la cara invisible de la pobreza” es el primer informe estadístico que se hace en nuestro país sobre la situación de las personas indocumentadas (hasta aquí sólo existían presunciones o cálculos de algunas ONG´s especializadas), que permite conocer con detalles la impericia de las políticas sociales para erradicar las situaciones de exclusión estructural.
Desde el año 2009 el Estado Nacional, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, facilita la inscripción de niños indocumentados en los registros civiles con la constancia de parto y dos testigos que acrediten su identidad. Este trámite, sumado a la Asignación Universal por Hijo y la digitalización documentaria para los recién nacidos, nos llevaría a pensar en la erradicación de este flagelo.
Sin embargo, nada de eso ha sucedido, ya que la investigación a la que hacemos referencia demuestra que el porcentaje de niños indocumentados menores de cuatro años duplica a la media existente en otras franjas etarias.
Frente a la verborragia inclusiva que afecta a los voceros oficiales y el apabullante silencio de quienes aspiran a reemplazarlos, existe un contingente de NN que nadie contempla, mientras sus vidas transcurren fuera del acceso a derechos esenciales, como es el derecho a la identidad.
Se trata de una deuda social de la cual nadie puede desentenderse y que amerita ser reconocida como una clara violación a los derechos humanos mientras cumplimos treinta años de democracia estable. Fuente: Clarin.com
martes, 29 de enero de 2013
Comunicado Juventud Radical
COMUNICADO
La Juventud Radical de Zarate quiere repudiar enérgicamente los actos de inseguridad acontecidos en nuestra ciudad y solidarizarnos con aquellos vecinos que lo hayan sufrido.
Así mismo quiere informar a todos los ciudadanos que desde la institución vamos a crear un petitorio para ser entregado al Sr. Intendente Osvaldo Cáffaro y a los Sres/as concejales de los distintos bloques que componen el H.C.D de nuestra cuidad, a fin de exigirles la convocatoria del Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que presente a todos los ciudadanos de Zarate, Lima y Escalada, las explicaciones pertinentes de lo que se esta haciendo en la provincia con respecto al tema de Seguridad.
"No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos" (Martin L. King)
Cerchietti, Constanza Videla, Federico
Secretaria General Presidente
Finalizó la "Caravana Educativa" de la Federación Universitaria Argentina
Luego de dos semanas de intensa actividad en la costa atlántica, los dirigentes estudiantiles universitarios llevaron a Mar del Plata el cierre de una campaña que concientizó a los veraneantes sobre los problemas de la educación.
El final de la Caravana Educativa organizada por la FUA en la costa atlántica, se realizó en Mar del Plata, la reunión Multisectorial en defensa de la educación y la universidad publica, de la que participaron representantes de organizaciones sociales y fuerzas políticas del arco político opositor, respaldó los reclamos de la FUA para que el Gobierno Nacional de marcha atrás en el recorte de las becas universitarias e instrumente un boleto educativo gratuito.
El Presidente de la F.U.A., Emilio Cornaglia, inauguró la jornada y convocó a todas las fuerzas allí presentes para que se comprometan a trabajar a lo largo de todo este año en un proyecto educativo de largo plazo y sostuvo que “detrás del 6% del PBI para la Educación y de las miles de netbooks que repartieron por las escuelas, se esconde una cruda realidad: 7 de cada 10 alumnos que empiezan la primaria, no llegan a terminar la secundaria; y la calidad educativa que Argentina construyó con mucho esfuerzo, se desmorona irremediablemente”.
Luego, el presidente de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra sostuvo que le pareció muy buena la iniciativa de la FUA porque “en una democracia el debate sobre la educación tiene una importancia central. La educación es el único instrumento para superar las desigualdades naturales, alcanzar el desarrollo y eliminar la pobreza. Señaló que “el Estado tiene que garantizar el acceso igualitario a la educación por ser un derecho humano básico. Y concluyó que “en la Argentina de hoy pareciera que la educación es más que un derecho”.
Mas tarde, el secretario general de la CTA porteña, Carlos Chile, aseguró que “venimos a sumarnos al reclamo que recorre al movimiento educativo argentino que tiene que ver con sostener las conquistas históricas en el nivel de becas y reverdecer la pelea por el boleto educativo gratuito en un momento donde viajar cuesta cada vez mas y donde el Estado argentino muestra todas sus debilidades para garantizar este derecho constitucional”.
Humberto Tumini (Libres del Sur) sostuvo que “sobre la base de un incremento objetivo del presupuesto educativo en el gobierno de los Kirchner es evidente que no hubo un reflejo de ese aumento en la calidad educativa”.
De la reunión multisectorial participaron más de medio centenar de representantes de movimientos sociales; C.T.A., Federación Agraria Argentina, FEIM, Cátedra Artigas de la U.N.L.P. y organizaciones políticas: UCR, GEN, Libres del Sur, Partido Socialista y Coalición Cívica-ARI.-
jueves, 10 de enero de 2013
La Juventud Radical tiene varios proyectos para el año electoral
Con el transcurso de los primeros días, los miembros de la Juventud Radical ya preparan proyectos y objetivos para este año. Federico Videla, presidente de la Juventud Radical manifestó a EL DEBATE que impulsan una fuerte actividad en lo social y tienen proyectos encarados en esa temática para sumar a más jóvenes.

Con el inicio de este año de elecciones legislativas, la Juventud Radical ya comenzó con una serie de actividades en la sociedad para poder posicionar al comité radical que estos momentos se encuentra en refacción.
Proyectos y objetivos
El presidente de la Juventud Radical, Federico Videla, manifestó a EL DEBATE que vienen trabajando fuertemente impulsando distintas actividades “el primero de diciembre en consonancia con el día mundial de la Lucha contra el Sida, estuvimos repartiendo preservativos y folletería para concientizar a los jóvenes en el cuidado de la otra persona. Finalizado el año estuvimos colaborando con una familia que tiene un nene que le diagnosticaron un tumor en la cabeza entonces tratamos de poder darle una mano con la colaboración de un bono para apaciguar los gastos de la familia teniendo en cuenta que son muy humildes”. En lo que respecta a las elecciones, por un lado las primarias abiertas y las legislativas, el comité entiende que se acortan más los tiempos. Pero ya en los próximos días, Videla adelantó que “estaremos arrancando con la capacitación en política para los jóvenes, ya tenemos el apoyo de referentes políticos como diputados y senadores que quieren venir a colaborar para que los jóvenes traten de entender la política y los intereses; también estamos tratando de llevar la informática a ciertos barrios para que ellos no tengan que venir al centro; dentro de los espacios verdes queremos aprovechar el Master Plan para incentivar a los jóvenes que hagan deportes”. Ya con una visión a mediados de año, el titular de la Juventud Radical mencionó que “tenemos el proyecto de convocar a los jóvenes ya a nivel provincial porque queremos que Zárate se llene de jóvenes para que la gente vea que estamos trabajando”.
Principal preocupación
En cuanto al ámbito local, Videla manifestó que “desde que asumimos nosotros se han acercado bastante jóvenes que no nos conocían y estamos muy contentos porque también tenemos a un grupo de Lima”. En este sentido señaló que la principal preocupación que tienen es la baja que se vino dando en el padrón “en el último que se iba a presentar para las internas de la juventud habían unas 140 o 150 personas, mientras que antes habíamos llegado a unas 300. Por eso la idea es trabajar para el Partido porque queremos que el padrón siga creciendo constantemente”. Justamente el dirigente radical destacó que el principal objetivo de esta comisión es “que de acá a dos años se pueda duplicar el padrón para que en las próximas elecciones haya una mayor convocatoria de jóvenes” finalizó el titular de la Juventud Radical admitiendo que esta es la principal dificultad por la que deberá trabajar durante los próximos meses.
Con el inicio de este año de elecciones legislativas, la Juventud Radical ya comenzó con una serie de actividades en la sociedad para poder posicionar al comité radical que estos momentos se encuentra en refacción.
Proyectos y objetivos
El presidente de la Juventud Radical, Federico Videla, manifestó a EL DEBATE que vienen trabajando fuertemente impulsando distintas actividades “el primero de diciembre en consonancia con el día mundial de la Lucha contra el Sida, estuvimos repartiendo preservativos y folletería para concientizar a los jóvenes en el cuidado de la otra persona. Finalizado el año estuvimos colaborando con una familia que tiene un nene que le diagnosticaron un tumor en la cabeza entonces tratamos de poder darle una mano con la colaboración de un bono para apaciguar los gastos de la familia teniendo en cuenta que son muy humildes”. En lo que respecta a las elecciones, por un lado las primarias abiertas y las legislativas, el comité entiende que se acortan más los tiempos. Pero ya en los próximos días, Videla adelantó que “estaremos arrancando con la capacitación en política para los jóvenes, ya tenemos el apoyo de referentes políticos como diputados y senadores que quieren venir a colaborar para que los jóvenes traten de entender la política y los intereses; también estamos tratando de llevar la informática a ciertos barrios para que ellos no tengan que venir al centro; dentro de los espacios verdes queremos aprovechar el Master Plan para incentivar a los jóvenes que hagan deportes”. Ya con una visión a mediados de año, el titular de la Juventud Radical mencionó que “tenemos el proyecto de convocar a los jóvenes ya a nivel provincial porque queremos que Zárate se llene de jóvenes para que la gente vea que estamos trabajando”.
Principal preocupación
En cuanto al ámbito local, Videla manifestó que “desde que asumimos nosotros se han acercado bastante jóvenes que no nos conocían y estamos muy contentos porque también tenemos a un grupo de Lima”. En este sentido señaló que la principal preocupación que tienen es la baja que se vino dando en el padrón “en el último que se iba a presentar para las internas de la juventud habían unas 140 o 150 personas, mientras que antes habíamos llegado a unas 300. Por eso la idea es trabajar para el Partido porque queremos que el padrón siga creciendo constantemente”. Justamente el dirigente radical destacó que el principal objetivo de esta comisión es “que de acá a dos años se pueda duplicar el padrón para que en las próximas elecciones haya una mayor convocatoria de jóvenes” finalizó el titular de la Juventud Radical admitiendo que esta es la principal dificultad por la que deberá trabajar durante los próximos meses.
lunes, 10 de diciembre de 2012
Proyectos Ley de Hidrocarburos y Ministerio de Energía
La Plata, 2 de diciembre de 2012
Sr. Presidente del Comité Nacional de la UCR
Dr. Mario Barletta
S / D
De mi consideración:
He recibido por varias vías una invitación para concurrir a la presentación de dos proyectos presentados por el Diputado Dr. Juan P. Tunessi, referidos una Nueva Ley de Hidrocarburos y a un Nuevo Ministerio de Energía; según señala la convocatoria ambos persiguen ".recuperar el auto-abastecimiento" y, en la misma se señala la adhesión del Comité Nacional de la UCR, y como no he escuchado ninguna desmentida de su parte, le hago llegar estas líneas.
Es muy extraño proponer un sistema similar al que produjo ese desabastecimiento.
Me extraña asimismo, que el Comité Nacional no haya considerado otras opiniones. Por ejemplo, porque no adhirió a la batería de proyectos presentados por los DN Fabián Rogel, María Luisa Storani, Eduardo
Santín, Pablo Orzolini, Hugo Maldonado y otros legisladores. Ese conjunto de normas propuestas, producen en conjunto un cambio estructural en el sector energético, pues se vuelven a considerar a los hidrocarburos como una Cuestión de Estado, a la que adhirieron todos los presidentes argentinos
desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín inclusive, superándose la Cuestión de Mercado, vigente desde julio de 1989 a la fecha, con la única excepción de la sanción de la Ley de la Soberanía Hidrocarburífera y expropiación del 51 % del capital social de YPF SA que, hasta la fecha,
muestra vacilaciones y contradicciones en las áreas gubernamentales, sin dejar de lado las necesarias investigaciones de todo lo sucedido y la concreción de estudios sobre temas específicos eimprescindibles, tales como una profunda auditoría de reservas. Nada puede hacerse si no se abarcan los temas señalados por Rogel: creación de comisión auditora de contratos, derogación de los decretos desreguladores de 1989, regulación de las actividades vinculadas a los hidrocarburos no convencionales , nueva ley de
hidrocarburos con monopolio del dominio jurisdiccional por parte del Estado Nacional y derogación de la llamada Ley Corta y dotar a YPF SA del 100 % de su capital social.
Se puede intuir que el mentor de los proyectos que van a ser presentados el próximo martes 4 del corriente mes, es el Instituto de la Energía Gral. Enrique Mosconi, que dirige el Ing. Jorge Lapeña y que las propuestas que se formulan -en el caso de la Ley de Hidrocarburos, iguala en su esencia aunque levemente cambiada en su faz gramatical, en relación a su texto de origen, pertenecen a la orientación del variopinto grupo de Ex Secretarios de Energía, donde, unidos por un mismo ideal liberal-lucrativista o de mercado y defensor de los intereses de los beneficiarios del desguace del Estado (llámense en especial Yacimientos
Petrolíferos Fiscales SE, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y SEGBA), conviven procesistas, menemistas, peronistas y radicales de afiliación con ideas opuestas a las nacidas con Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Illia y Balbín, entre otros, con la intención abierta de mantener para las privatizadas nacidas del peronismos de los 90´, por lo menos veinticinco años más de pingues negocios amparados en lo que denominan Políticas de Estado, a iniciarse con un generalizado incremento de precios y tarifas, que
una mayoría de un pueblo empobrecido no está en condiciones de soportar.
Para ellos, los males no nacen en julio de 1989 en los inicios de la gestión de Carlos Menem, sino en el 2001, con la sanción de la Ley de Emergencia Pública que pesificó la economía incluidas las tarifas y los precios energéticos. Oportunamente, la UCR ha sido clara en la oposición a la desguace del patrimonio nacional; están los pronunciamientos del Comité y la Convención Nacional y los proyectos y discursos de nuestros legisladores, cuya lectura me permito recomendarle. Asimismo, las críticas que mereció la
propuesta inspirada en el grupos de los Ex Secretarios por parte de la Fundación Illia, son adjuntadas a la presente.
Lamentablemente, esa revivida propuesta de los Ex Secretarios fue tomada como oficial por nuestra la fórmula partidaria que tan deslucido papel hiciera en las últimas elecciones presidenciales; recuerdo que el extrapartidario candidato a vice manifestó que esa propuesta era la que llevaba el binomio que él integraba. Tengo presente también que en la gestión del Dr. Ernesto Sanz en la presidencia del Comité Nacional,
por primera vez en la historia del Radicalismo, un grupo de estudios de la energía, organizó unas jornadas temáticas, donde solamente hablaron los liberales energéticos, incluido un representante de FIEL, que conjuntamente con la Fundación Mediterránea fueron las usinas que planearon la destrucción de la República, incluido el sector de la energía. Ningún afiliado radical que milita en organizaciones contrarias a las teorías del mercado, como la Fundación Arturo Illia que presido, el Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), fue invitado a la misma.
Pasaré a comentar brevemente los proyectos elevados por el DN Tunessi. La creación del Ministerio de la Energía, dejando al sector Transporte junto al Interior, no sólo es una copia del modelo K, que lo ha adjuntado como una especie de castigo a un determinado ministro, pero que no tiene justificación técnico-política aceptable, en un país donde los problemas infraestructurales de energía y transporte resultan indivisibles.
La Ley de hidrocaburos presentada atrasa conceptualmente, por lo menos, treinta años; después de lo que vivimos en la historia reciente, hablar de perseguir el interés general o económico y de perseverar en pos de la vigencia de la libre competencia en un sector que, cuanto menos ha funcionado con monopolios zonales, solo pueden ser consideradas como propuestas risueñas. Mantener el dominio jurisdiccional en manos de las provincias productoras no solamente constituye una injusticia para los argentinos que viven en los estados no productores, sino que implica una profunda voluntad de ignorar el descontrol imperante; por
ejemplo, las prórrogas hasta el año 2047, el inoperante control del la obligación de los concesionarios de mantener un adecuado nivel de reservas, la destrucción de las condiciones ambientales, etc. Hipólito Yrigoyen, que asumió en 1916 con todos los gobiernos provinciales en manos de los conservadores, sostenía que la las autonomías provinciales pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. Salvo EEUU y Canadá, donde las fuerzas armadas ejercen un férreo control, vemos que en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, etc.. de los hidrocarburos solamente hablan los Presidentes; nunca he visto al gobernador de Texas fijando políticas. Los nuevos organismos a crearse, en el fondo, están absorbiendo
funciones que antes cumplían las Direcciones Nacionales. Nadie puede imaginarse, por ejemplo, al Gobernador de Santa Cruz, defendiendo los intereses nacionales en una conferencia internacional.
Es muy grave que se mantenga la referencia a los precios internacionales y no a los costos locales. Actualmente, nos quejamos del costo de las importaciones de gas natural, naftas, gasoil, etc, pero eso
es lo establecido en los tres decretos desreguladores que firmaran Menem, su Ministro Dromi y su Secretario de Energía Aráoz (integrante del Grupo de los Ex Secretarios); insertarnos en la economía internación y salir de las regulaciones del estado nacional era lo que se buscaba y se logró. Si la Ley
de Soberanía Hidrocarburífera y el Decreto nº 1.277/12 vuelven a los precios locales o internos está bien, pero lo que debemos pedir es que este gobierno lo haga, pero nunca proponer seguir insertos en la economía internacional, donde unos de los factores son los precios.
De singular impresentabilidad es la circunstancia de mantener la vigencia de los contratos de concesión de explotación, a los que se puede definir rápidamente como aquellos donde el concesionario determina
cuánto va a extraer y a quien y a qué precio lo va a vender. Las concesiones nunca figuraron en los proyectos de Yrigoyen y Alvear y murieron con el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949, aunque el peronismo dejó vigentes a las existentes. Una de las acusaciones que Perón recibía por el ignominioso
contrato que había celebrado con la Standard Oil de California estaña referido a que la oposición lo consideraba una concesión. Igual le pasó a Frondizi con sus delictivos contratos anulados por Illia y por tal causa los excluyó de su Ley de Hidrocarburos. En 1967 Onganía -a instancias de su Ministro Krieger Vasena- los inserta en la 17.319 y recién los aplica el peronismo menemisma. En la revisión de los contratos que el Proceso legó a Alfonsín, con el llamado empresariado petrolero nacional, se le sacó la potestad de fijar sus metas de producción, cerrar sus áreas y decidir sobre inversiones, es decir, se los convirtió en contratos de explotación.
He observado que en los considerandos se cita a Yergin pero, lamentablemente, no en este aspecto. Si hubiesen leído íntegramente a Yergin verían que en los inicios de la década del 80´Arabia Saudita terminó con las últimas concesiones que la Exxon, Mobil, Texaco y Chevron, tenían en Aramco y, éstas, se quedaron como contratistas. Dice Yergin que se comenzó a desarrollar una nueva relación, "donde en lugar de ser concesionarios con derecho de propiedad sobre el petróleo del subsuelo, las compañías ahora eran contratistas`..."pero el cambio de terminología reflejó un importante cambio político: la soberanía del país se
reconocía"."las compañías eran simplemente trabajadores contratados". Nada justifica el mantenimiento de este tipo de contratos, que son una muestra del retroceso energético argentino.
La concepción liberal también surge del listado de organismos citados en el proyecto; se han olvidado de YPF SA, que, aunque solo posee el 30 % del mercado, debería llegar al 100 % del mismo.
Son muchos más los aspectos desechables pero interesa más su concepción ideológica, incompatible con la doctrina y la historia partidaria.
Estas son mis opiniones; para finalizar le solicito que, dado el supuesto de no haber autorizado Ud. la adhesión al evento, aplique a los responsables las sanciones que como afiliados le corresponden.
De haberlo hecho sería justicia otorgar el mismo trato a los diputados que piensan distinto.
Atentamente.
Gustavo Adolfo Calleja
Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación
Sr. Presidente del Comité Nacional de la UCR
Dr. Mario Barletta
S / D
De mi consideración:
He recibido por varias vías una invitación para concurrir a la presentación de dos proyectos presentados por el Diputado Dr. Juan P. Tunessi, referidos una Nueva Ley de Hidrocarburos y a un Nuevo Ministerio de Energía; según señala la convocatoria ambos persiguen ".recuperar el auto-abastecimiento" y, en la misma se señala la adhesión del Comité Nacional de la UCR, y como no he escuchado ninguna desmentida de su parte, le hago llegar estas líneas.
Es muy extraño proponer un sistema similar al que produjo ese desabastecimiento.
Me extraña asimismo, que el Comité Nacional no haya considerado otras opiniones. Por ejemplo, porque no adhirió a la batería de proyectos presentados por los DN Fabián Rogel, María Luisa Storani, Eduardo
Santín, Pablo Orzolini, Hugo Maldonado y otros legisladores. Ese conjunto de normas propuestas, producen en conjunto un cambio estructural en el sector energético, pues se vuelven a considerar a los hidrocarburos como una Cuestión de Estado, a la que adhirieron todos los presidentes argentinos
desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín inclusive, superándose la Cuestión de Mercado, vigente desde julio de 1989 a la fecha, con la única excepción de la sanción de la Ley de la Soberanía Hidrocarburífera y expropiación del 51 % del capital social de YPF SA que, hasta la fecha,
muestra vacilaciones y contradicciones en las áreas gubernamentales, sin dejar de lado las necesarias investigaciones de todo lo sucedido y la concreción de estudios sobre temas específicos eimprescindibles, tales como una profunda auditoría de reservas. Nada puede hacerse si no se abarcan los temas señalados por Rogel: creación de comisión auditora de contratos, derogación de los decretos desreguladores de 1989, regulación de las actividades vinculadas a los hidrocarburos no convencionales , nueva ley de
hidrocarburos con monopolio del dominio jurisdiccional por parte del Estado Nacional y derogación de la llamada Ley Corta y dotar a YPF SA del 100 % de su capital social.
Se puede intuir que el mentor de los proyectos que van a ser presentados el próximo martes 4 del corriente mes, es el Instituto de la Energía Gral. Enrique Mosconi, que dirige el Ing. Jorge Lapeña y que las propuestas que se formulan -en el caso de la Ley de Hidrocarburos, iguala en su esencia aunque levemente cambiada en su faz gramatical, en relación a su texto de origen, pertenecen a la orientación del variopinto grupo de Ex Secretarios de Energía, donde, unidos por un mismo ideal liberal-lucrativista o de mercado y defensor de los intereses de los beneficiarios del desguace del Estado (llámense en especial Yacimientos
Petrolíferos Fiscales SE, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y SEGBA), conviven procesistas, menemistas, peronistas y radicales de afiliación con ideas opuestas a las nacidas con Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Illia y Balbín, entre otros, con la intención abierta de mantener para las privatizadas nacidas del peronismos de los 90´, por lo menos veinticinco años más de pingues negocios amparados en lo que denominan Políticas de Estado, a iniciarse con un generalizado incremento de precios y tarifas, que
una mayoría de un pueblo empobrecido no está en condiciones de soportar.
Para ellos, los males no nacen en julio de 1989 en los inicios de la gestión de Carlos Menem, sino en el 2001, con la sanción de la Ley de Emergencia Pública que pesificó la economía incluidas las tarifas y los precios energéticos. Oportunamente, la UCR ha sido clara en la oposición a la desguace del patrimonio nacional; están los pronunciamientos del Comité y la Convención Nacional y los proyectos y discursos de nuestros legisladores, cuya lectura me permito recomendarle. Asimismo, las críticas que mereció la
propuesta inspirada en el grupos de los Ex Secretarios por parte de la Fundación Illia, son adjuntadas a la presente.
Lamentablemente, esa revivida propuesta de los Ex Secretarios fue tomada como oficial por nuestra la fórmula partidaria que tan deslucido papel hiciera en las últimas elecciones presidenciales; recuerdo que el extrapartidario candidato a vice manifestó que esa propuesta era la que llevaba el binomio que él integraba. Tengo presente también que en la gestión del Dr. Ernesto Sanz en la presidencia del Comité Nacional,
por primera vez en la historia del Radicalismo, un grupo de estudios de la energía, organizó unas jornadas temáticas, donde solamente hablaron los liberales energéticos, incluido un representante de FIEL, que conjuntamente con la Fundación Mediterránea fueron las usinas que planearon la destrucción de la República, incluido el sector de la energía. Ningún afiliado radical que milita en organizaciones contrarias a las teorías del mercado, como la Fundación Arturo Illia que presido, el Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), fue invitado a la misma.
Pasaré a comentar brevemente los proyectos elevados por el DN Tunessi. La creación del Ministerio de la Energía, dejando al sector Transporte junto al Interior, no sólo es una copia del modelo K, que lo ha adjuntado como una especie de castigo a un determinado ministro, pero que no tiene justificación técnico-política aceptable, en un país donde los problemas infraestructurales de energía y transporte resultan indivisibles.
La Ley de hidrocaburos presentada atrasa conceptualmente, por lo menos, treinta años; después de lo que vivimos en la historia reciente, hablar de perseguir el interés general o económico y de perseverar en pos de la vigencia de la libre competencia en un sector que, cuanto menos ha funcionado con monopolios zonales, solo pueden ser consideradas como propuestas risueñas. Mantener el dominio jurisdiccional en manos de las provincias productoras no solamente constituye una injusticia para los argentinos que viven en los estados no productores, sino que implica una profunda voluntad de ignorar el descontrol imperante; por
ejemplo, las prórrogas hasta el año 2047, el inoperante control del la obligación de los concesionarios de mantener un adecuado nivel de reservas, la destrucción de las condiciones ambientales, etc. Hipólito Yrigoyen, que asumió en 1916 con todos los gobiernos provinciales en manos de los conservadores, sostenía que la las autonomías provinciales pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. Salvo EEUU y Canadá, donde las fuerzas armadas ejercen un férreo control, vemos que en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, etc.. de los hidrocarburos solamente hablan los Presidentes; nunca he visto al gobernador de Texas fijando políticas. Los nuevos organismos a crearse, en el fondo, están absorbiendo
funciones que antes cumplían las Direcciones Nacionales. Nadie puede imaginarse, por ejemplo, al Gobernador de Santa Cruz, defendiendo los intereses nacionales en una conferencia internacional.
Es muy grave que se mantenga la referencia a los precios internacionales y no a los costos locales. Actualmente, nos quejamos del costo de las importaciones de gas natural, naftas, gasoil, etc, pero eso
es lo establecido en los tres decretos desreguladores que firmaran Menem, su Ministro Dromi y su Secretario de Energía Aráoz (integrante del Grupo de los Ex Secretarios); insertarnos en la economía internación y salir de las regulaciones del estado nacional era lo que se buscaba y se logró. Si la Ley
de Soberanía Hidrocarburífera y el Decreto nº 1.277/12 vuelven a los precios locales o internos está bien, pero lo que debemos pedir es que este gobierno lo haga, pero nunca proponer seguir insertos en la economía internacional, donde unos de los factores son los precios.
De singular impresentabilidad es la circunstancia de mantener la vigencia de los contratos de concesión de explotación, a los que se puede definir rápidamente como aquellos donde el concesionario determina
cuánto va a extraer y a quien y a qué precio lo va a vender. Las concesiones nunca figuraron en los proyectos de Yrigoyen y Alvear y murieron con el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949, aunque el peronismo dejó vigentes a las existentes. Una de las acusaciones que Perón recibía por el ignominioso
contrato que había celebrado con la Standard Oil de California estaña referido a que la oposición lo consideraba una concesión. Igual le pasó a Frondizi con sus delictivos contratos anulados por Illia y por tal causa los excluyó de su Ley de Hidrocarburos. En 1967 Onganía -a instancias de su Ministro Krieger Vasena- los inserta en la 17.319 y recién los aplica el peronismo menemisma. En la revisión de los contratos que el Proceso legó a Alfonsín, con el llamado empresariado petrolero nacional, se le sacó la potestad de fijar sus metas de producción, cerrar sus áreas y decidir sobre inversiones, es decir, se los convirtió en contratos de explotación.
He observado que en los considerandos se cita a Yergin pero, lamentablemente, no en este aspecto. Si hubiesen leído íntegramente a Yergin verían que en los inicios de la década del 80´Arabia Saudita terminó con las últimas concesiones que la Exxon, Mobil, Texaco y Chevron, tenían en Aramco y, éstas, se quedaron como contratistas. Dice Yergin que se comenzó a desarrollar una nueva relación, "donde en lugar de ser concesionarios con derecho de propiedad sobre el petróleo del subsuelo, las compañías ahora eran contratistas`..."pero el cambio de terminología reflejó un importante cambio político: la soberanía del país se
reconocía"."las compañías eran simplemente trabajadores contratados". Nada justifica el mantenimiento de este tipo de contratos, que son una muestra del retroceso energético argentino.
La concepción liberal también surge del listado de organismos citados en el proyecto; se han olvidado de YPF SA, que, aunque solo posee el 30 % del mercado, debería llegar al 100 % del mismo.
Son muchos más los aspectos desechables pero interesa más su concepción ideológica, incompatible con la doctrina y la historia partidaria.
Estas son mis opiniones; para finalizar le solicito que, dado el supuesto de no haber autorizado Ud. la adhesión al evento, aplique a los responsables las sanciones que como afiliados le corresponden.
De haberlo hecho sería justicia otorgar el mismo trato a los diputados que piensan distinto.
Atentamente.
Gustavo Adolfo Calleja
Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación
viernes, 30 de noviembre de 2012
Los diputados de la UCR recibieron a la Juventud Radical y a Franja Morada
El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR recibió a militantes de la Juventud Radical y de la Franja Morada, quienes concurrieron a expresar su apoyo a los legisladores y les presentaron un documento con 20 puntos para el 2013.
Los jóvenes acercaron propuestas, ideas y sugerencias, contenidas en un documento que consta de 20 puntos para que desde la función parlamentaria puedan concretarse, en lo que constituirá el primero de una serie de encuentros que pretende articular el trabajo de los legisladores con los jóvenes.
"Son 20 puntos que venimos trabajando desde hace tiempo y que serán nuestra principal lucha durante 2013. Estos puntos son un resumen de las actividades, debate y militancia que llevamos adelante desde lo barrios, ciudades y facultades en pos de construir una país con plena libertad, derechos e igualdad", señalaron los jóvenes de la UCR.
La actividad constituye una iniciativa de la Juventud Radical, que ha trabajado intensamente durante el transcurso del presente año, siendo el documento que se entregará a los legisladores, el fruto de una activa militancia, de un acercamiento a cada rincón del país para conocer sus necesidades, de un profundo debate en el seno de las agrupaciones y de instancias de reflexión que abordan la mirada del país que quieren forjar desde el trabajo conjunto con todos los sectores.
En este sentido la Juventud Radical expresó su intención de “convocar a todos los jóvenes a la concentración para conocer las propuestas y formar parte de esta iniciativa, que contribuirá a acercar a la ciudadanía a los espacios desde donde se promuevan las acciones que mejoren la calidad de vida de quienes habitamos nuestro País ".
Los 20 puntos presentados a los legisladores fueron:
1. Incorporación en las listas de cupo juvenil: el 33% de las listas para Diputados/as y Senadores/as Nacionales deben ser candidatos/as menores de 35 años.
2. Efectivo acceso a la información pública. Promover el derecho de acceso a la información pública para todas las personas y los beneficios de la transparencia y rendición de cuentas por parte del Gobierno.
3. Publicidad y comunicación oficial. Regulación de la pauta y publicidad oficial.
4. Plan de vivienda joven: Planes crediticios para jóvenes menores de 35 años con bajas tasas de interés, cuotas fijas en pesos y financiamiento total de la vivienda, acorde a la situación laboral juvenil.
5. Ley de empleo joven: implementación de políticas dirigidas a promover la inserción laboral para los/as jóvenes, como ser un mayor control y regulación del sistema de pasantías y contratación temporal, con mayores posibilidades de permanencia en el puesto.
6. Despenalización del aborto: Considerando la falta de acceso a la educación sexual y a los anticonceptivos gratuitos, incrementándose las tasas de abortos clandestinos y de mortalidad materna, exigimos la implementación de una ley acorde a esta realidad, que garantice la práctica de abortos legales, gratuitos y seguros en los hospitales y centros de salud. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
7. Despenalización de la tenencia y autocultivo de marihuana para consumo personal: Eliminación de la punibilidad del segundo párrafo del art. 14 de la Ley de estupefacientes, en cuanto a la tenencia de marihuana para consumo personal. Eliminar la punibilidad del art. 5 Inc. A, en cuanto la siembra o el cultivo sean para consumo personal.
8. Imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual.
9. Establecer el delito de grooming (ciberacoso): Regular y tipificar los delitos de extorsión y acoso sexual infanto juvenil por medios electrónicos y redes sociales.
10. Regulación de la telefonía móvil e internet. Declararlos servicios públicos, como mecanismo de ampliación la ley de portabilidad numérica.
11. Plan de arraigo juvenil: Crear las condiciones socio-económicas necesarias para el desarrollo y el crecimiento del interior de las provincias a través del fortalecimiento del desarrollo de los/as jóvenes en sus lugares de origen.
12. Plan Ferroviario Nacional. Recuperación del ferrocarril, como herramienta de transporte público terrestre, permitiendo la comunicación entre todos los puntos del país y favoreciendo el arraigo juvenil.
13. Protección integral del medio ambiente. Acorde a la extensión del territorio nacional y a la diversidad ambiental del mismo (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Sur) creemos que es necesario reglamentar mecanismos específicos de protección acordes a dicha diversidad.
14. Anulación del recorte de becas previsto en el Presupuesto 2013: subsanar el recorte de becas que afecta de manera directa a más 23.000 estudiantes universitarios/as, que ven peligrar el futuro de sus carreras.
15. Derogación de la Ley de Educación Superior y de la Ley Federal de Educación.
16. Boleto Educativo Universal y Gratuito.
17. Ley de asignación universal por hijo/a y asignación universal por embarazo. Establecer por ley y no por decreto el acceso a las asignaciones, posibilitando su reglamentación.
18. Suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, reducción del IVA a pequeños/as y medianos/as emprendedores/as y quita del IVA para los productos básicos. Desde el 2003 que en la Argentina no hay regulación concisa sobre la política tributaria.
19. Creación de un nuevo órgano que garantice estadísticas confiables.
20. Trata de Personas. Dar efectivo cumplimiento y aplicación a la ley de trata, especialmente considerando a los sectores juveniles como grupo más vulnerable ante estas redes mafiosas.
jueves, 29 de noviembre de 2012
JORNADA DE REFLEXION Y DEBATE "Problemáticas salariales y laborales de los trabajadores de la Educación" II
Continuando con el trabajo iniciado en la Jornada de Quilmes, para llegar a un diagnostico y propuesta que
sea elevada a las autoridades del Partido, es que nos reunimos en la 2° sección electoral para reflexionar y
debatir sobre la realidad gremial de estos compañeros, diferente a la del conurbano.
Trabajando en distintos talleres, incorporaremos los resultados a los ya obtenidos, enriqueciendo las propuestas para generar proyectos de Ley que impulsen nuestros Bloques Legislativos, Nacional, Provincial y Municipal.
La O.T.R. de la Provincia de Buenos Aires, llevara las conclusiones como postura al Congreso Nacional de nuestra Organización.
Seguimos encaminados hacia una real posición Socialdemócrata dentro del Sindicalismo.
Dirigentes de la FETIA-CTA reclamaron al Ministro de Trabajo la convocatoria a la Comisión de Empleo
El 23 de noviembre de 2012
En una audiencia con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA-CTA) solicitaron al titular de la cartera laboral su intervención “en relación con las consecuencias profundamente negativas que la tercerizaciones y subcontrataciones producen en nuestro país”, indicó Pedro Wasiejko, titular de la FeTIA y secretario adjunto de la CTA.
En una audiencia con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA-CTA) solicitaron al titular de la cartera laboral su intervención “en relación con las consecuencias profundamente negativas que la tercerizaciones y subcontrataciones producen en nuestro país”, indicó Pedro Wasiejko, titular de la FeTIA y secretario adjunto de la CTA. En ese sentido, reclamaron que se active la Comisión de Empleo que se acordó convocar en la última reunión del Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad que se realizó el pasado 28 de agosto.
El encuentro con el Ministro tuvo lugar al finalizar una jornada organizada por la FeTIA en la que dirigentes de gremios del sector productivo, de la energía y los servicios afiliados a la CTA abordaron la problemática de la tercerización en nuestro país y elaboraron el documento que presentaron a Tomada en la audiencia.
Tras la implementación, a partir del 2003, de una política sistemática que llevó al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas del país, nos encontramos con más de 4.500.000 trabajadores y un aparato productivo nuevamente activo y dinámico. En una primera etapa de ese proceso la prioridad fue frenar el desempleopor lo que se dejaba a un lado la calidad del empleo. Posteriormente y con la reactivación económica, la premisa fue priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo por lo que se continuó postergando su calidad. En ambas situaciones, las reivindicaciones por mejorar las condiciones de un trabajo digno quedaron en un segundo plano”, explicó Wasiejko.
“A partir del 2006, y esto se verifica en algunas buenas prácticas de sindicatos que están en nuestra Central, como APA, SUTNA y la Asociación Gremial Trabajadores del Subte, entre otros, se llevaron adelante negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre sus objetivos –alcanzados con éxito–, reducir el impacto de las tercerizaciones y de la precarización en el empleo, producto de las políticas aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata todavía de un universo muy reducido que es necesario ampliar”, indicaron desde la FeTIA.
“El debate que se impuso tras el caso emblemático del sector ferroviario, que dejó en el camino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y tras la última reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en la que se logró imponer la necesidad de incluir el tema en la agenda, nos obliga a profundizar la discusión con todos los actores involucrados. Es imprescindible generar políticas concretas para evitar de todas las formas posibles que se repita esa ecuación maldita en la que se espera un muerto para resolver el tema de las tercerizaciones en un ámbito específico”, aseguró Wasiejko.
Con propuestas para revertir las condiciones de precarización laboral a ser impulsadas tanto por las organizaciones sindicales así como también por los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo con competencia en la materia, señalaron que “el Ministerio de Trabajo tiene ahora la responsabilidad y el deber de convocar y activar la Comisión de Empleo para que se aborden los temas acordados. Es decir, discutir políticas concretas para limitar y regular las tercerizaciones o subcontrataciones”.
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NOTA PRESENTADA ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN
Sr. Ministro de Trabajo
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Tomada
S/D
Nos dirigimos a Ud. - luego de una jornada plenaria de los trabajadores del sector privado de la CTA agrupados en la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA) que sesionó bajo el lema BASTA DE TRABAJO PRECARIO- con el fin de reclamarle su intervención en relación con las consecuencias profundamente negativas que las tercerizaciones o subcontrataciones producen en nuestro país.
Durante la década del 90, los gremios FeTIA y de la CTA fueron protagonistas de la resistencia a las políticas de precarización en el empleo que tuvieron entre sus principales herramientas a las tercerizaciones o subcontrataciones, con sus diferentes variantes, para evitar la organización sindical y reducir costos. Hay suficientes experiencias y debates respecto a las consecuencias nefastas de estas medidas sobre el nivel de empleo, la producción e inclusive sobre la productividad.
Tras la implementación, a partir de 2003, de una política sistemática que llevó al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas del país, nos encontramos con mas de cuatro millones quinientos mil trabajadores y un aparato productivo nuevamente activo y dinámico, entre otras importantes cuestiones. En ese proceso se presentaron dos situaciones. En una primera etapa la prioridad fue frenar el desempleo, es decir, no permitir que el empleo decreciera, por lo que se dejaba a un lado la calidad del mismo. Posteriormente y con la reactivación económica, la premisa fue priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo por lo que se continuó postergando su calidad. En ambas situaciones, las reivindicaciones por mejorar las condiciones de un trabajo digno quedaron en un segundo plano.
Pero a partir del 2006 -y esto se verifica en algunas buenas prácticas de sindicatos que están en nuestra Central, como FOETRA, APA, SUTNA, así como también algunas seccionales de la UOM, por mencionar algunos ejemplos – se llevaron adelante las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre sus objetivos -alcanzados con éxito-, reducir el impacto de las tercerizaciones y de la precarización en el empleo, producto de las políticas aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata todavía de un universo muy reducido que es necesario ampliar.
Si se visualiza la precarización del empleo como una pirámide, en la base se ubican el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo no registrado y las cooperativas fraudulentas. En el vértice superior estan las tercerizaciones usadas por las grandes empresas y el Estado Nacional mismo, y esto es clave para comprender la dimensión de este fenómeno. En el medio, entre la base y el vértice de la pirámide, hay diferentes situaciones que de alguna forma están transfiguradas detrás de un trabajo registrado, que cumple con las normas legales pero que también termina siendo expresión de la precarización laboral y de la utilización de herramientas que permiten estas situaciones.
EL debate que se impuso tras el caso emblemáico del sector ferroviario, que dejó en el camino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y tras la última reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en la que se logró imponer la necesidad de incluir el tema en la agenda, nos obliga a profundizar la discusión con todos los actores involucrados. Es imprescindible generar políticas concretas para evitar de todas las formas posibles que se repita esa ecuación maldita en la que se espera un muerto para resolver el tema de las tercerizaciones en un ámbito específico. Esto es algo que no puede volver a ocurrir y que además, pone en el centro de la discusión el papel que deben jugar en esta materia las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, el rol de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las provincias y las responsabilidades que le competen a todos los sectores sociales para resolver esta problemática.
Es un avance importante la resolución emitida en la última reunión del Consejo del Salario a través de la cual se determinó la convocatoria a la Comisión de Empleo con el objetivo de luchar contra el trabajo no registrado, terminar con prácticas como el trabajo infantil, el trabajo esclavo y el combate a la utilización de las cooperativas como instrumento del fraude laboral como es el también emblemático caso de los fileteros de Mar del Plata y de los trabajadores viculados a la recolección de productos ligados a la horticultura, entre otros.
En este ámbito, el de las cooperativas, es imprescindible que el Estado fije pautas claras e ineludibles, como que los cooperativistas, si están trabajando, deben regirse según la normativa que regula las relaciones laborales y, en ese marco, ser sujetos de los mismos derechos, es decir, derecho a sindicalizarse, a disponer de un Convenio Colectivo, a estar registrado, etc.
Por otra parte, debería incorporarse al Código Penal, una figura para que los responsables del trabajo esclavos y/o infantil tengan consecuencias penales.
El Estado debe regular las tercerizaciones, fijar límites expresos y precisos estableciendo que no pueda haber mas de una subcontratación o tercerización. Si una gran empresa subcontrata una tarea lo pueda hacer una sola vez, es decir, esta segunda empresa no podría subcontratar. Si una empresa subcontrata, tiene que hacerlo a una empresa especializada, en regla, con convenio colectivo, personas en relación de dependencia, pero tendría que tener impedida una tercera subcontratación.
Se debe tener presente que en nuestra Constitución Nacional se dispone que el trabajo en todas sus formas debe gozar de la protección de las leyes (art. 14 bis CN) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha determinado que el trabajador es un sujeto de “preferente tutela”, no sólo por la protección de la legislación local, sino de acuerdo a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y de la OIT.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, deben tomarse medidas que amplíen los derechos, que estén en línea con la tutela del trabajo digno del colectivo y que representen un punto de inflexión en lo que se refiere a la calidad del empleo que se opone rotundamente a todo lo vinculado con la precarización y sus nefastas consecuencias.
Están pendientes de reforma, entre otras normas de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde la época de la dictadura militar -muchas de ellas reformadas en estos últimos años con sentido progresivo a favor de los trabajadores- los artículos 30 y 31, para asegurar los derechos en casos de subcontratación, cesión total o parcial del establecimiento; conjunto o grupo económico, tendiente a que la tutela de derechos durante el plazo del contrato de trabajo, sea en condiciones de trabajo, riesgo de accidentes y enfermedades o ante la contingencia de despidos, los trabajadores gocen de derechos plenos y obtengan la reparación integral de los daños.
Además de estas medidas que impulsamos desde el ámbito sindical, el Ministerio de Trabajo tiene ahora la responsabilidad y el deber de convocar y activar la Comisión de Empleo para que se aborden los temas acordados. Es decir, discutir propuestas concretas para limitar y regular las tercerizaciones o subcontrataciones.
A la espera de que esto suceda en el corto plazo,
Los Saludamos atentamente
Pedro Wasiejko
Secretario General de la FeTIA
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2012
En una audiencia con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA-CTA) solicitaron al titular de la cartera laboral su intervención “en relación con las consecuencias profundamente negativas que la tercerizaciones y subcontrataciones producen en nuestro país”, indicó Pedro Wasiejko, titular de la FeTIA y secretario adjunto de la CTA.
En una audiencia con el ministro de Trabajo Carlos Tomada, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA-CTA) solicitaron al titular de la cartera laboral su intervención “en relación con las consecuencias profundamente negativas que la tercerizaciones y subcontrataciones producen en nuestro país”, indicó Pedro Wasiejko, titular de la FeTIA y secretario adjunto de la CTA. En ese sentido, reclamaron que se active la Comisión de Empleo que se acordó convocar en la última reunión del Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad que se realizó el pasado 28 de agosto.
El encuentro con el Ministro tuvo lugar al finalizar una jornada organizada por la FeTIA en la que dirigentes de gremios del sector productivo, de la energía y los servicios afiliados a la CTA abordaron la problemática de la tercerización en nuestro país y elaboraron el documento que presentaron a Tomada en la audiencia.
Tras la implementación, a partir del 2003, de una política sistemática que llevó al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas del país, nos encontramos con más de 4.500.000 trabajadores y un aparato productivo nuevamente activo y dinámico. En una primera etapa de ese proceso la prioridad fue frenar el desempleopor lo que se dejaba a un lado la calidad del empleo. Posteriormente y con la reactivación económica, la premisa fue priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo por lo que se continuó postergando su calidad. En ambas situaciones, las reivindicaciones por mejorar las condiciones de un trabajo digno quedaron en un segundo plano”, explicó Wasiejko.
“A partir del 2006, y esto se verifica en algunas buenas prácticas de sindicatos que están en nuestra Central, como APA, SUTNA y la Asociación Gremial Trabajadores del Subte, entre otros, se llevaron adelante negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre sus objetivos –alcanzados con éxito–, reducir el impacto de las tercerizaciones y de la precarización en el empleo, producto de las políticas aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata todavía de un universo muy reducido que es necesario ampliar”, indicaron desde la FeTIA.
“El debate que se impuso tras el caso emblemático del sector ferroviario, que dejó en el camino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y tras la última reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en la que se logró imponer la necesidad de incluir el tema en la agenda, nos obliga a profundizar la discusión con todos los actores involucrados. Es imprescindible generar políticas concretas para evitar de todas las formas posibles que se repita esa ecuación maldita en la que se espera un muerto para resolver el tema de las tercerizaciones en un ámbito específico”, aseguró Wasiejko.
Con propuestas para revertir las condiciones de precarización laboral a ser impulsadas tanto por las organizaciones sindicales así como también por los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo con competencia en la materia, señalaron que “el Ministerio de Trabajo tiene ahora la responsabilidad y el deber de convocar y activar la Comisión de Empleo para que se aborden los temas acordados. Es decir, discutir políticas concretas para limitar y regular las tercerizaciones o subcontrataciones”.
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NOTA PRESENTADA ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN
Basta de Trabajo precario
Sr. Ministro de Trabajo
Empleo y Seguridad Social
Dr. Carlos Tomada
S/D
Nos dirigimos a Ud. - luego de una jornada plenaria de los trabajadores del sector privado de la CTA agrupados en la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA) que sesionó bajo el lema BASTA DE TRABAJO PRECARIO- con el fin de reclamarle su intervención en relación con las consecuencias profundamente negativas que las tercerizaciones o subcontrataciones producen en nuestro país.
Durante la década del 90, los gremios FeTIA y de la CTA fueron protagonistas de la resistencia a las políticas de precarización en el empleo que tuvieron entre sus principales herramientas a las tercerizaciones o subcontrataciones, con sus diferentes variantes, para evitar la organización sindical y reducir costos. Hay suficientes experiencias y debates respecto a las consecuencias nefastas de estas medidas sobre el nivel de empleo, la producción e inclusive sobre la productividad.
Tras la implementación, a partir de 2003, de una política sistemática que llevó al cambio de las condiciones económicas, sociales y políticas del país, nos encontramos con mas de cuatro millones quinientos mil trabajadores y un aparato productivo nuevamente activo y dinámico, entre otras importantes cuestiones. En ese proceso se presentaron dos situaciones. En una primera etapa la prioridad fue frenar el desempleo, es decir, no permitir que el empleo decreciera, por lo que se dejaba a un lado la calidad del mismo. Posteriormente y con la reactivación económica, la premisa fue priorizar la generación de nuevos puestos de trabajo por lo que se continuó postergando su calidad. En ambas situaciones, las reivindicaciones por mejorar las condiciones de un trabajo digno quedaron en un segundo plano.
Pero a partir del 2006 -y esto se verifica en algunas buenas prácticas de sindicatos que están en nuestra Central, como FOETRA, APA, SUTNA, así como también algunas seccionales de la UOM, por mencionar algunos ejemplos – se llevaron adelante las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo que tuvieron entre sus objetivos -alcanzados con éxito-, reducir el impacto de las tercerizaciones y de la precarización en el empleo, producto de las políticas aplicadas en los 90. Sin embargo, se trata todavía de un universo muy reducido que es necesario ampliar.
Si se visualiza la precarización del empleo como una pirámide, en la base se ubican el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo no registrado y las cooperativas fraudulentas. En el vértice superior estan las tercerizaciones usadas por las grandes empresas y el Estado Nacional mismo, y esto es clave para comprender la dimensión de este fenómeno. En el medio, entre la base y el vértice de la pirámide, hay diferentes situaciones que de alguna forma están transfiguradas detrás de un trabajo registrado, que cumple con las normas legales pero que también termina siendo expresión de la precarización laboral y de la utilización de herramientas que permiten estas situaciones.
EL debate que se impuso tras el caso emblemáico del sector ferroviario, que dejó en el camino a Mariano Ferreyra como víctima fatal, y tras la última reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo en la que se logró imponer la necesidad de incluir el tema en la agenda, nos obliga a profundizar la discusión con todos los actores involucrados. Es imprescindible generar políticas concretas para evitar de todas las formas posibles que se repita esa ecuación maldita en la que se espera un muerto para resolver el tema de las tercerizaciones en un ámbito específico. Esto es algo que no puede volver a ocurrir y que además, pone en el centro de la discusión el papel que deben jugar en esta materia las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, el rol de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las provincias y las responsabilidades que le competen a todos los sectores sociales para resolver esta problemática.
Es un avance importante la resolución emitida en la última reunión del Consejo del Salario a través de la cual se determinó la convocatoria a la Comisión de Empleo con el objetivo de luchar contra el trabajo no registrado, terminar con prácticas como el trabajo infantil, el trabajo esclavo y el combate a la utilización de las cooperativas como instrumento del fraude laboral como es el también emblemático caso de los fileteros de Mar del Plata y de los trabajadores viculados a la recolección de productos ligados a la horticultura, entre otros.
En este ámbito, el de las cooperativas, es imprescindible que el Estado fije pautas claras e ineludibles, como que los cooperativistas, si están trabajando, deben regirse según la normativa que regula las relaciones laborales y, en ese marco, ser sujetos de los mismos derechos, es decir, derecho a sindicalizarse, a disponer de un Convenio Colectivo, a estar registrado, etc.
Por otra parte, debería incorporarse al Código Penal, una figura para que los responsables del trabajo esclavos y/o infantil tengan consecuencias penales.
El Estado debe regular las tercerizaciones, fijar límites expresos y precisos estableciendo que no pueda haber mas de una subcontratación o tercerización. Si una gran empresa subcontrata una tarea lo pueda hacer una sola vez, es decir, esta segunda empresa no podría subcontratar. Si una empresa subcontrata, tiene que hacerlo a una empresa especializada, en regla, con convenio colectivo, personas en relación de dependencia, pero tendría que tener impedida una tercera subcontratación.
Se debe tener presente que en nuestra Constitución Nacional se dispone que el trabajo en todas sus formas debe gozar de la protección de las leyes (art. 14 bis CN) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos pronunciamientos, ha determinado que el trabajador es un sujeto de “preferente tutela”, no sólo por la protección de la legislación local, sino de acuerdo a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y de la OIT.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, deben tomarse medidas que amplíen los derechos, que estén en línea con la tutela del trabajo digno del colectivo y que representen un punto de inflexión en lo que se refiere a la calidad del empleo que se opone rotundamente a todo lo vinculado con la precarización y sus nefastas consecuencias.
Están pendientes de reforma, entre otras normas de la Ley de Contrato de Trabajo vigente desde la época de la dictadura militar -muchas de ellas reformadas en estos últimos años con sentido progresivo a favor de los trabajadores- los artículos 30 y 31, para asegurar los derechos en casos de subcontratación, cesión total o parcial del establecimiento; conjunto o grupo económico, tendiente a que la tutela de derechos durante el plazo del contrato de trabajo, sea en condiciones de trabajo, riesgo de accidentes y enfermedades o ante la contingencia de despidos, los trabajadores gocen de derechos plenos y obtengan la reparación integral de los daños.
Además de estas medidas que impulsamos desde el ámbito sindical, el Ministerio de Trabajo tiene ahora la responsabilidad y el deber de convocar y activar la Comisión de Empleo para que se aborden los temas acordados. Es decir, discutir propuestas concretas para limitar y regular las tercerizaciones o subcontrataciones.
A la espera de que esto suceda en el corto plazo,
Los Saludamos atentamente
Pedro Wasiejko
Secretario General de la FeTIA
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2012
Comunicado convencionales Nacionales UCR
Los abajo firmantes, todos Convencionales Nacionales de la UCR por la provincia de Buenos Aires, ante los recientes incidentes violentos ocurridos en la sede del Comité de la Capital Federal el día 23 de noviembre pasado manifestamos:
-Nuestro más enérgico repudio a la utilización de la violencia como método para resolver diferencias de carácter político.
-Nuestra solidaridad con los militantes agredidos y heridos por personas completamente ajenas a la vida de nuestro Partido y que fueron llevados a la Convención para consumar este alevoso ataque que pudo concluir en una tragedia por la saña exibida.
-Responsabilizamos por los incidentes, en primera instancia, al Diputado Provincial Walter Carusso, alineado en el orden provincial con el Intendente de la ciudad de San Isidro Gustavo Posse.
-El referido Diputado fue quien estuvo desde horas de la mañana acompañando al violento grupo que mostró extrema agresividad incentivada por el descontrolado consumo de alcohol.
-La UCR, es un Partido que se ha caracterizado por el debate democrático muchas veces apasionado, pero jamás ha utilizado a grupos mercenarios emparentados con los barra bravas para dirimir diferencias.
En momentos en que el Pueblo Argentino reclama la construcción de una alternativa política a la Oposición democrática y en especial al Radicalismo, estos episodios constituyen una clara provocación que conspira contra la posibilidad de alcanzar ese objetivo.
Seguiremos luchando por la unidad partidaria con un claro contenido progresista que brinde al Pueblo Argentino la herramienta idónea para garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.
Federico Storani; Pedro Azcoiti; Carlos Martín; Silvia Vázquez; Carmen Storani; Claudia Romero;
-Nuestro más enérgico repudio a la utilización de la violencia como método para resolver diferencias de carácter político.
-Nuestra solidaridad con los militantes agredidos y heridos por personas completamente ajenas a la vida de nuestro Partido y que fueron llevados a la Convención para consumar este alevoso ataque que pudo concluir en una tragedia por la saña exibida.
-Responsabilizamos por los incidentes, en primera instancia, al Diputado Provincial Walter Carusso, alineado en el orden provincial con el Intendente de la ciudad de San Isidro Gustavo Posse.
-El referido Diputado fue quien estuvo desde horas de la mañana acompañando al violento grupo que mostró extrema agresividad incentivada por el descontrolado consumo de alcohol.
-La UCR, es un Partido que se ha caracterizado por el debate democrático muchas veces apasionado, pero jamás ha utilizado a grupos mercenarios emparentados con los barra bravas para dirimir diferencias.
En momentos en que el Pueblo Argentino reclama la construcción de una alternativa política a la Oposición democrática y en especial al Radicalismo, estos episodios constituyen una clara provocación que conspira contra la posibilidad de alcanzar ese objetivo.
Seguiremos luchando por la unidad partidaria con un claro contenido progresista que brinde al Pueblo Argentino la herramienta idónea para garantizar la alternancia en el ejercicio del poder.
Federico Storani; Pedro Azcoiti; Carlos Martín; Silvia Vázquez; Carmen Storani; Claudia Romero;
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Declaración de la Convención Nacional de la UCR
La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical declara:
La Argentina tiene por delante un futuro de desarrollo e inclusión. Para eso debe recuperar valores esenciales: libertad, igualdad de oportunidades, diálogo, respeto, cultura del trabajo, iniciativa emprendedora, solidaridad, confianza en la palabra dada, reconocimiento a la honradez y a la decencia.
El camino es el que marca la Constitución Nacional, división de poderes, independencia de la justicia, estado de derecho, federalismo y autonomía municipal, vigencia plena de la libertad de expresión y acceso igualitario a bienes públicos de calidad: educación, salud, seguridad y un ambiente sano.
Rechazamos enfáticamente el intento del gobierno de perpetuarse en el poder, a través de la re relección, sus prácticas autoritarias, su intolerancia, sectarismo y ánimo confrontativo permanente, la tentativa de dominación de la justicia y de imponer un monopolio gubernamental de prensa. No aceptamos ninguna forma de adoctrinamiento político en las escuelas argentinas. Todas las fuerzas políticas democráticas estarán juntas para construir un límite a los excesos de poder.
Es necesario dar, de modo inmediato, respuestas políticas a la grave situación respecto de la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.
Hay que combatir la inflación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables y emprender un rumbo virtuoso que asegure la producción y el empleo genuino.
Los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste del gobierno, por lo que debe actualizarse el mínimo no imponible de ganancias y las asignaciones familiares, evitando el inmoral incentivo al trabajo en negro.
La UCR ratifica su compromiso con la democracia republicana y con los derechos. Ofrecerá al pueblo la candidatura de sus mejores mujeres y hombres en el 2015, trabajando con todas las fuerzas políticas afines en la elaboración de un programa que permita a la Argentina avanzar hacia un destino de grandeza, superando el antagonismo, la decadencia y la frustración.
martes, 27 de noviembre de 2012
LILIA PUIG DE STUBRIN FUE ELECTA PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE LA UCR
La dirigente santafecina la presidirá durante el período 2012-2016
La Convención Nacional de la UCR eligió por unanimidad a la ex diputada nacional, Lilia Puig de Stubrin como su nueva titular. Más de 250 convencionales de todo el país renovaron la conducción del órgano partidario en la reunión de esta tarde, viernes 23 de noviembre, en la sede del Comité Capital de la Ciudad de Buenos Aires.
Para iniciar las deliberaciones el presidente del Comité Nacional, Mario Barletta, destacó la democracia interna del mas que centenario partido y su rol de defensa de la Constitución Nacional y las instituciones de la República.
“Somos los celosos custodios de la Carta orgánica partidaria y de las prácticas políticas de diálogo y debate”, aseguró Barletta quien dió la bienvenida a los convencionales, diputados y senadores que integran la Convención. “Con valores hay futuro. Somos la UCR de dialogo, educación, trabajo, igualdad de oportunidades y transparencia", agregó y remarcó que “somos un partido unido, modernizado y abierto. Somos una fuerza capaz de vertebrar con otros partidos y organizaciones sociales una alternativa seria al gobierno nacional”.
Por su parte, la flamante presidenta de la Convención partidaria reivindió la lucha de años de las mujeres lideradas por Florentina Gómez Miranda y María Teresa Morini “La acción colectiva de esas mujeres nos ha impulsado a llevar adelante el enorme trabajo por la Argentina, que hoy está dolida”, dijo la santafecina en su discurso.
Lilia “Lilita” Puig de Stubrin dijo que “estamos preocupados por el país y muy ocupados con el radicalismo. La UCR ha comenzado su reconstrucción con firmeza. Viejos y jóvenes, trabajadores y estudiantes, todos juntos estamos trabajando por una fuerza política necesaria en el país”.
“Sabemos del Estado. No tenemos problemas de escala, gobernamos el mas pequeño municipio con la misma honestidad que condujimos provincias o el gobierno nacional cuando nos correspondió”, enfatizó Puig y remarcó que “los que no saben gobernar son los que están ahora. Ellos sólo saben apropiarse del Estado para hacer negocios”.
“En la UCR sabemos de lucha, luchamos desde nuestra fundación por la libertad y la democracia en la Argentina. Somos los custodios de la Constitución nacional”, subrayó al tiempo que reivindicó el esfuerzo de Raúl Alfonsín por la defensa de los Derechos Humanos desde la “peor noche de la dictadura”.
Los títulares de los bloques legislativos, diputado Ricardo Gil Lavedra y diputado Luís Naidenoff, dieron luego sus respectivos informes de trabajo en las bancadas del Congreso nacional.
INTEGRAN LA CONDUCCION DE LA CONVENCION NACIONAL DE LA UCR
Presidenta: Lilia “Lilita” Puig de Stubrin (Santa Fe)
Vicepresidente 1°: Santiago “Chiche” López (Chubut)
Vicepresidente 2°: Carlos Pérez Grecia (Buenos Aires)
Secretarios : Carlos Martín (Buenos Aires); Próspero Nieva (Jujuy); Cristina Guevara (CABA); Mabel Bianco (CABA); Diego Gutierrez (Chaco); Luís González (Tucumán) ; Antonio Berhongaray (La Pampa); Julio Genesini (Santa Fe); Sergio Favot (Córdoba); Carlos Oreste (Buenos Aires); Rodolfo Parente (Entre Ríos); Ester Picco (San Luis); Mario Lozano (Santa Cruz); Daniel Hernández (Formosa); Angel Valmagia (Corrientes); Carlos Izasa (La Rioja); Emiliano Campos (Mendoza); Sara Bejarano (T.del Fuego); y Nicolas Diaz (Río Negro).
Por la JR, Nahuel Ibazeta (San Juan); por la OTR, Adela Oliveira (Buenos Aires) y por la Franja Morada, Nicolás de los Ríos (Buenos Aires).
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2013
martes, 20 de noviembre de 2012
Queda un 1,6% de niños y adolescentes de hasta 18 años que todavía no tiene su DNI
Informe de la Universidad Católica y el IADEPP en el Día Internacional de los Derechos del Niño
Son 168 mil chicos y jóvenes. A pesar de los notables avances en la entrega de documentación, el estudio indica que la pobreza y las dificultades administrativas son los principales factores asociados a este problema.
Por: Lucía Alvarez
para Tiempo Argentino
A pesar de ser uno de los países de América Latina con tasas de personas indocumentadas más bajas, hay en el país 168 mil niños y adolescentes de entre 0 y 18 años, un 1,6% del total, que aún no tiene DNI, según reveló un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas.
El estudio indica que la pobreza y las dificultades administrativas son los principales factores asociados a este problema y describe cómo las vidas de las personas se ven profundamente afectadas por la vulneración de derechos que acarrea la falta de documentación. "Hubo muchas iniciativas de gobierno que propiciaron un mayor registro. Pero lo que es claro es que hay una parte de la población a la que el Estado no llega. Todas las políticas requieren que la ciudadanía se acerque, pero falta que vayan a buscar a la gente", concluyó Ianina Tuñón, coordinadora de la investigación.
Si bien no se observaron diferencias entre géneros, sí se advirtieron desigualdades por edad –la situación más crítica la registraron los niños entre 0 y 4 años: el 2,3% no tiene documento– y por lugar de residencia. Los menores de edad del Gran Buenos Aires registran tres veces más chances de no tener documento que quienes viven en las ciudades urbanas del interior; y los indocumentados en villas o asentamientos duplican a sus pares en áreas de urbanización formal media (el 2,2% y 1%, respectivamente). Asimismo, se observó que la posibilidad de que los chicos no tengan documento es levemente mayor en hogares monoparentales, pero aumenta en contextos de hogares extensos.
Los investigadores abordaron además la situación de las personas indocumentadas en relación al acceso a derechos básicos. En el caso de la escolarización, por ejemplo, el informe demuestra que el 3,5% de los niños que no asiste a la escuela no tiene DNI, pero que además entre los que asisten, un 0,9% también sufre esta situación. Eso es posible porque si bien la inscripción formal en una escuela requiere que los interesados presenten DNI y libreta sanitaria, en muchos casos se les permite asistir bajo la condición informalmente expresada de que se regularice la situación antes de finalizar el nivel. "La escuela les permite transitar, pero no pueden recibir un título, y muchas veces no impulsa el registro del niño. Esto nos habla de la desconexión entre las diferentes políticas públicas, que no logran solucionar un problema con una incidencia muy baja", remarcó Tuñón.
El informe concluye con recomendaciones específicas para cada uno de los poderes: al Ejecutivo, un Plan Federal por el Derecho a la Identidad, que facilite la inscripción, registro y documentación; al Legislativo, una ley específica sobre la situación de las personas indocumentadas, hoy repartidas en las leyes referidas a los registros civiles o las del potencial humano; y al Judicial, la mejora de los procedimientos expeditivos y la celeridad en los juicios de inscripción para los niños mayores de 12 años. «
Son 168 mil chicos y jóvenes. A pesar de los notables avances en la entrega de documentación, el estudio indica que la pobreza y las dificultades administrativas son los principales factores asociados a este problema.
Por: Lucía Alvarez
para Tiempo Argentino
El estudio indica que la pobreza y las dificultades administrativas son los principales factores asociados a este problema y describe cómo las vidas de las personas se ven profundamente afectadas por la vulneración de derechos que acarrea la falta de documentación. "Hubo muchas iniciativas de gobierno que propiciaron un mayor registro. Pero lo que es claro es que hay una parte de la población a la que el Estado no llega. Todas las políticas requieren que la ciudadanía se acerque, pero falta que vayan a buscar a la gente", concluyó Ianina Tuñón, coordinadora de la investigación.
Si bien no se observaron diferencias entre géneros, sí se advirtieron desigualdades por edad –la situación más crítica la registraron los niños entre 0 y 4 años: el 2,3% no tiene documento– y por lugar de residencia. Los menores de edad del Gran Buenos Aires registran tres veces más chances de no tener documento que quienes viven en las ciudades urbanas del interior; y los indocumentados en villas o asentamientos duplican a sus pares en áreas de urbanización formal media (el 2,2% y 1%, respectivamente). Asimismo, se observó que la posibilidad de que los chicos no tengan documento es levemente mayor en hogares monoparentales, pero aumenta en contextos de hogares extensos.
Los investigadores abordaron además la situación de las personas indocumentadas en relación al acceso a derechos básicos. En el caso de la escolarización, por ejemplo, el informe demuestra que el 3,5% de los niños que no asiste a la escuela no tiene DNI, pero que además entre los que asisten, un 0,9% también sufre esta situación. Eso es posible porque si bien la inscripción formal en una escuela requiere que los interesados presenten DNI y libreta sanitaria, en muchos casos se les permite asistir bajo la condición informalmente expresada de que se regularice la situación antes de finalizar el nivel. "La escuela les permite transitar, pero no pueden recibir un título, y muchas veces no impulsa el registro del niño. Esto nos habla de la desconexión entre las diferentes políticas públicas, que no logran solucionar un problema con una incidencia muy baja", remarcó Tuñón.
El informe concluye con recomendaciones específicas para cada uno de los poderes: al Ejecutivo, un Plan Federal por el Derecho a la Identidad, que facilite la inscripción, registro y documentación; al Legislativo, una ley específica sobre la situación de las personas indocumentadas, hoy repartidas en las leyes referidas a los registros civiles o las del potencial humano; y al Judicial, la mejora de los procedimientos expeditivos y la celeridad en los juicios de inscripción para los niños mayores de 12 años. «
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