lunes, 10 de diciembre de 2012

Proyectos Ley de Hidrocarburos y Ministerio de Energía

La Plata, 2 de diciembre de 2012


Sr. Presidente del Comité Nacional de la UCR
Dr. Mario Barletta
S                /                                                 D

De mi consideración:

He recibido por varias vías una invitación para concurrir a la presentación de dos proyectos presentados por el Diputado Dr. Juan P. Tunessi, referidos una Nueva Ley de Hidrocarburos y a un Nuevo Ministerio de Energía; según señala la convocatoria ambos persiguen ".recuperar el auto-abastecimiento" y, en la misma se señala la adhesión del Comité Nacional de la UCR, y como no he escuchado ninguna desmentida de su parte, le hago llegar estas líneas.
Es muy extraño proponer un sistema similar al que produjo ese desabastecimiento.
Me extraña asimismo, que el Comité Nacional no haya considerado otras opiniones. Por ejemplo, porque no adhirió a la batería de proyectos presentados por los DN Fabián Rogel, María Luisa Storani, Eduardo
Santín, Pablo Orzolini, Hugo Maldonado y otros legisladores. Ese conjunto de normas propuestas, producen en conjunto un cambio estructural en el sector energético, pues se vuelven a considerar a los hidrocarburos como una Cuestión de Estado, a la que adhirieron todos los presidentes argentinos
desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín inclusive, superándose la Cuestión de Mercado, vigente desde julio de 1989 a la fecha, con la única excepción de la sanción de la Ley de la Soberanía Hidrocarburífera y expropiación del 51 % del capital social de YPF SA que, hasta la fecha,
muestra vacilaciones y contradicciones en las áreas gubernamentales, sin dejar de lado las necesarias investigaciones de todo lo sucedido y la concreción de estudios sobre temas específicos eimprescindibles, tales como una profunda auditoría de reservas. Nada puede hacerse si no se abarcan los temas señalados por Rogel: creación de comisión auditora de contratos, derogación de los decretos desreguladores de 1989, regulación de las actividades vinculadas a los hidrocarburos no convencionales , nueva ley de
hidrocarburos con monopolio del dominio jurisdiccional por parte del Estado Nacional y derogación de la llamada Ley Corta y dotar a YPF SA del 100 % de su capital social.

Se puede intuir que el mentor de los proyectos que van a ser presentados el próximo martes 4 del corriente mes, es el Instituto de la Energía Gral. Enrique Mosconi, que dirige el Ing. Jorge Lapeña y que las propuestas que se formulan -en el caso de la Ley de Hidrocarburos, iguala en su esencia aunque levemente cambiada en su faz gramatical, en relación a su texto de origen, pertenecen a la orientación del variopinto grupo de Ex Secretarios de Energía, donde, unidos por un mismo ideal liberal-lucrativista o de mercado y defensor de los intereses de los beneficiarios del desguace del Estado (llámense en especial Yacimientos
Petrolíferos Fiscales SE, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y SEGBA), conviven procesistas, menemistas, peronistas y radicales de afiliación con ideas opuestas a las nacidas con Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Illia y Balbín, entre otros, con la intención abierta de mantener para las privatizadas nacidas del peronismos de los 90´, por lo menos veinticinco años más de pingues negocios amparados en lo que denominan Políticas de Estado, a iniciarse con un generalizado incremento de precios y tarifas, que
una mayoría de un pueblo empobrecido no está en condiciones de soportar.
Para ellos, los males no nacen en julio de 1989 en los inicios de la gestión de Carlos Menem, sino en el 2001, con la sanción de la Ley de Emergencia Pública que pesificó la economía incluidas las tarifas y los precios energéticos. Oportunamente, la UCR ha sido clara en la oposición a la desguace del patrimonio nacional; están los pronunciamientos del Comité y la Convención Nacional y los proyectos y discursos de nuestros legisladores, cuya lectura me permito recomendarle. Asimismo, las críticas que mereció la
propuesta inspirada en el grupos de los Ex Secretarios por parte de la Fundación Illia, son adjuntadas a la presente.

Lamentablemente, esa revivida propuesta de los Ex Secretarios fue tomada como oficial por nuestra la fórmula partidaria que tan deslucido papel hiciera en las últimas elecciones presidenciales; recuerdo que el extrapartidario candidato a vice manifestó que esa propuesta era la que llevaba el binomio que él integraba. Tengo presente también que en la gestión del Dr. Ernesto Sanz en la presidencia del Comité Nacional,
por primera vez en la historia del Radicalismo, un grupo de estudios de la energía, organizó unas jornadas temáticas, donde solamente hablaron los liberales energéticos, incluido un representante de FIEL, que conjuntamente con la Fundación Mediterránea fueron las usinas que planearon la destrucción de la República, incluido el sector de la energía. Ningún afiliado radical que milita en organizaciones contrarias a las teorías del mercado, como la Fundación Arturo Illia que presido, el Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), fue invitado a la misma.

Pasaré a comentar brevemente los proyectos elevados por el DN Tunessi. La creación del Ministerio de la Energía, dejando al sector Transporte junto al Interior, no sólo es una copia del modelo K, que lo ha adjuntado como una especie de castigo a un determinado ministro, pero que no tiene justificación técnico-política aceptable, en un país donde los problemas infraestructurales de energía y transporte resultan indivisibles.

La Ley de hidrocaburos presentada atrasa conceptualmente, por lo menos, treinta años; después de lo que vivimos en la historia reciente, hablar de perseguir el interés general o económico y de perseverar en pos de la vigencia de la libre competencia en un sector que, cuanto menos ha funcionado con monopolios zonales, solo pueden ser consideradas como propuestas risueñas. Mantener el dominio jurisdiccional en manos de las provincias productoras no solamente constituye una injusticia para los argentinos que viven en los estados no productores, sino que implica una profunda voluntad de ignorar el descontrol imperante; por
ejemplo, las prórrogas hasta el año 2047, el inoperante control del la obligación de los concesionarios de mantener un adecuado nivel de reservas, la destrucción de las condiciones ambientales, etc. Hipólito Yrigoyen, que asumió en 1916 con todos los gobiernos provinciales en manos de los conservadores, sostenía que la las autonomías provinciales pertenecen a los pueblos y no a los gobiernos. Salvo EEUU y Canadá, donde las fuerzas armadas ejercen un férreo control, vemos que en Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, etc.. de los hidrocarburos solamente hablan los Presidentes; nunca he visto al gobernador de Texas fijando políticas. Los nuevos organismos a crearse, en el fondo, están absorbiendo
funciones que antes cumplían las Direcciones Nacionales. Nadie puede imaginarse, por ejemplo, al Gobernador de Santa Cruz, defendiendo los intereses nacionales en una conferencia internacional.

Es muy grave que se mantenga la referencia a los precios internacionales y no a los costos locales. Actualmente, nos quejamos del costo de las importaciones de gas natural, naftas, gasoil, etc, pero eso
es lo establecido en los tres decretos desreguladores que firmaran Menem, su Ministro Dromi y su Secretario de Energía Aráoz (integrante del Grupo de los Ex Secretarios); insertarnos en la economía internación y salir de las regulaciones del estado nacional era lo que se buscaba y se logró. Si la Ley
de Soberanía Hidrocarburífera y el Decreto nº 1.277/12 vuelven a los precios locales o internos está bien, pero lo que debemos pedir es que este gobierno lo haga, pero nunca proponer seguir insertos en la economía internacional, donde unos de los factores son los precios.

De singular impresentabilidad es la circunstancia de mantener la vigencia de los contratos de concesión de explotación, a los que se puede definir rápidamente como aquellos donde el concesionario determina
cuánto va a extraer y a quien y a qué precio lo va a vender. Las concesiones nunca figuraron en los proyectos de Yrigoyen y Alvear y murieron con el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949, aunque el peronismo dejó vigentes a las existentes. Una de las acusaciones que Perón recibía por el ignominioso
contrato que había celebrado con la Standard Oil de California estaña referido a que la oposición lo consideraba una concesión. Igual le pasó a Frondizi con sus delictivos contratos anulados por Illia y por tal causa los excluyó de su Ley de Hidrocarburos. En 1967 Onganía -a instancias de su Ministro Krieger Vasena- los inserta en la 17.319 y recién los aplica el peronismo menemisma. En la revisión de los contratos que el Proceso legó a Alfonsín, con el llamado empresariado petrolero nacional, se le sacó la potestad de fijar sus metas de producción, cerrar sus áreas y decidir sobre inversiones, es decir, se los convirtió en contratos de explotación.
He observado que en los considerandos se cita a Yergin pero, lamentablemente, no en este aspecto. Si hubiesen leído íntegramente a Yergin verían que en los inicios de la década del 80´Arabia Saudita terminó con las últimas concesiones que la Exxon, Mobil, Texaco y Chevron, tenían en Aramco y, éstas, se quedaron como contratistas. Dice Yergin que se comenzó a desarrollar una nueva relación, "donde en lugar de ser concesionarios con derecho de propiedad sobre el petróleo del subsuelo, las compañías ahora eran contratistas`..."pero el cambio de terminología reflejó un importante cambio político: la soberanía del país se
reconocía"."las compañías eran simplemente trabajadores contratados". Nada justifica el mantenimiento de este tipo de contratos, que son una muestra del retroceso energético argentino.

La concepción liberal también surge del listado de organismos citados en el proyecto; se han olvidado de YPF SA, que, aunque solo posee el 30 % del mercado, debería llegar al 100 % del mismo.
Son muchos más los aspectos desechables pero interesa más su concepción ideológica, incompatible con la doctrina y la historia partidaria.

Estas son mis opiniones; para finalizar le solicito que, dado el supuesto de no haber autorizado Ud. la adhesión al evento, aplique a los responsables las sanciones que como afiliados le corresponden.
De haberlo hecho sería justicia otorgar el mismo trato a los diputados que piensan distinto.

Atentamente.

Gustavo Adolfo Calleja
Ex Subsecretario de Combustibles de la Nación

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